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El Día Nacional de la Mujer con Discapacidad, conmemorado el 12 de septiembre, es mucho más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio sobre la urgente necesidad de visibilizar y luchar por los derechos de un sector de la población que, a menudo, se enfrenta a barreras tanto físicas como sociales. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Gestoría Social y Grupos Vulnerables, ha tomado este desafío en sus manos con un evento que busca impulsar la verdadera inclusión de las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Durante la conmemoración, el diputado Salvador Castañeda Rangel, presidente del Poder Legislativo, expresó de manera contundente que la inclusión no es un gesto caritativo ni un favor, sino una cuestión de justicia social. Su llamado a "ejercer desde el poder el reconocimiento de la justicia social, del humanismo y de la inclusión" refleja un entendimiento claro de que una sociedad verdaderamente armónica solo puede existir cuando todos sus miembros, sin importar su condición, tienen acceso a las mismas oportunidades y derechos. Este tipo de discurso debe ser la base de todas las políticas públicas orientadas a grupos vulnerables.
Por su parte, la diputada Jessica Abilene Torres Fregoso dejó claro que la lucha no ha terminado. Su compromiso de "alzar la voz para que se respeten nuestros derechos" pone sobre la mesa una verdad irrefutable: a pesar de los avances, queda mucho por hacer para lograr una inclusión efectiva. Iniciativas que realmente transformen la vida de las mujeres con discapacidad deben estar en el centro de la agenda legislativa, no como una promesa vacía, sino como acciones tangibles que eliminen barreras y garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.
Las ponencias presentadas durante el evento, enfocadas en la accesibilidad digital, la movilidad y los derechos reproductivos, subrayan las áreas donde las mujeres con discapacidad aún enfrentan limitaciones inaceptables. La accesibilidad digital, en particular, se erige como un tema de gran relevancia en una era en la que la tecnología es fundamental para el desarrollo económico, social y educativo. Sin un acceso igualitario a estas herramientas, el riesgo de exclusión es mayor que nunca.
Es crucial que las instituciones estatales y la sociedad civil trabajen juntas para implementar políticas que mejoren la vida de las niñas y mujeres con discapacidad. Como subrayaron las ponentes del evento, la mejora de sus condiciones de vida no es un asunto opcional, es una necesidad. La creación de más oportunidades de desarrollo económico, político y social no solo beneficia a este grupo, sino que enriquece a toda la sociedad.
Este acto del Congreso marca un paso importante, pero no el último. La inclusión efectiva de las mujeres con discapacidad debe pasar de ser un tema de conversación a una realidad palpable. El reconocimiento de su lucha y la implementación de políticas que verdaderamente las apoyen son las bases sobre las cuales debe construirse una sociedad más justa, equitativa y humana para todos.
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