José Manuel López García
Viernes, 7 de Septiembre del 2018. 2:46:52 pm
Letra más grande
La quiebra social por causa del independentismo va a más.Y no ayuda precisamente la crispación existente en la sociedad catalana, por la cuestión de los lazos amarillos y por el ambiente general que se nota en las calles.
os, según se observa en los medios de comunicación, especialmente en los informativos de televisión y en las redes sociales. Parece que también existe una conjura golpista para proclamar la república catalana una vez que se conozca la sentencia del 1-0.
Ante este panorama se refuerza la sensación de que el diálogo puede ser la vía de solución. Que Pedro Sánchez opte por hacer concesiones a la Generalitat puede ser una estrategia, en principio, acertada, pero no creo que sea suficiente para parar la deriva independentista.
La elaboración de un nuevo Estatuto siempre que respete lo que dice la Constitución me parece bien, ya que la realidad social ha cambiado y puede suponer mejorar el articulado normativo. La promesa de Sánchez de incrementar hasta 1.000 millones de euros las inversiones con destino a Cataluña considero que es algo positivo.
El reconocimiento por parte del Presidente del Gobierno de la realidad nacional catalana es algo que ahora mismo nadie niega y que es evidente. Otra cuestión es esperar a ver el nombre que escoge la Generalitat para Cataluña. Supongo que no será república catalana o estado catalán independiente.
En lo relativo a la utilización del castellano o español me parece que las cosas van a ir a peor. Al pasar a ser el catalán un idioma plenamente oficial y no cooficial el uso del español disminuirá, aunque la mitad de la población pueda seguir con el castellano.
En relación con lo referido a los lazos amarillos es evidente que ponerlos en las calles y plazas es como querer obligar a todos a aceptar que existen presos políticos y exiliados, algo que no es cierto por numerosas razones. Por tanto, no debían permitirse en los espacios públicos. La libertad de expresión no lo justifica todo. Y entiendo perfectamente a los ciudadanos que los quitan de las calles catalanas.
La división de la sociedad catalana es manifiesta y no me extraña. Porque frente a la argumentación y el razonamiento se quieren imponer sensaciones y sentimientos subjetivos a toda costa.
Buena parte de los periodistas que escriben u opinan sobre la cuestión del secesionismo en Cataluña consideran que la situación está mejor que hace un año. Puedo estar de acuerdo en líneas generales, pero con matices.
Que se hayan mandado más efectivos de fuerzas policiales a Cataluña de cara a la Diada es un dato revelador, a pesar de la negociación existente entre el Gobierno de Sánchez y del señor Torra.
Parece que se nota una especie de pulso entre la Generalitat y el Gobierno y las perspectivas sobre el futuro a corto y medio plazo no creo que sean esperanzadoras, aunque puedan parecerlo a priori. Siempre está la espada de Damocles que consiste en la aplicación del 155, si las cosas se desmandan.
Es un equilibrio político difícil el de Pedro Sánchez. Si bien se le puede dar un voto de confianza de unos meses o más, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos políticos.
Los tribunales tienen que seguir actuando con independencia y al dictar sentencia deben aplicar las leyes a los encarcelados o encausados por haber cometido presuntamente delitos. Es lo propio de todo Estado de Derecho que realmente lo sea.
Si con las concesiones de Pedro Sánchez se acabara el problema del secesionismo los ciudadanos nos llevaríamos una muy agradable sorpresa. Lo prioritario, a mi juicio, es la reducción de la desigualdad económica y del desempleo y destinar más dinero a los asuntos sociales como son: sanidad, educación, pensiones, etcétera.
Creo que, sin ser pesimista, el independentismo seguirá luchando y peleando por la separación de Cataluña de España, a pesar del esfuerzo de diálogo y de negociación.
Un estado español federal podría ser otra posible solución, pero no la acepta la Generalitat. Es una cuestión de nombres. Porque el término república indica claramente la independencia absoluta respecto del resto del estado español. Y, por tanto, todo lo que se llame federal implica que no existe independencia real del poder central. Esto es lo que se deduce de los planteamientos de los secesionistas o independentistas.
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