Rodolfo Moreno Cruz
Domingo, 10 de Junio del 2018. 2:35:09 pm
Letra más grande
Algunos dicen que estas elecciones han dejado 150 muertes de candidatos y candidatas. Otros menos pesimistas dicen que son 80; sin embargo, la realidad es que mayor a 50 personas si lo es. En el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018 elaborado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt Consultores se asegura lo siguiente ?Durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal; adicionalmente 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida" .
Sólo en las dos últimas semanas han ocurrido tres asesinatos. El día 31 de mayo, en Guerrero, mataron a Rodrigo Salado Agatónal quien era candidato del PRI-Verde a una regiduría del municipio de San Marcos (Guerrero); el dos de junio en la madrugada fue encontrada sin vida Juana Maldonado candidata a diputada local por el Partido Verde. Ella se postulaba por el distrito II con cabecera en Huachinango (Puebla). La misma madrugada del dos de junio, en Oaxaca mataron a Pamela Itzamaray Terán Pineda candidata a presidenta municipal de Juchitán (Oaxaca) y postulada por el PRI-PVEM. El pasado viernes 8 de junio en Piedras Negras (Coahuila) a la salida de un debate, un sicario mató a Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal y postulado por el PRI.
Algunas personas han tratado de explicar este fenómeno asegurando que o algunos de estos sucesos no guardan relación con el proceso electoral o bien que las personas asesinadas mantenían relación con el narcotráfico. Sin embargo, parece precipitada, evasiva y poco responsable dicha afirmación. Afirmar que el asesinato de un candidato no guarda relación con el proceso electoral es invisibilidad una problemática de mayor envergadura, pues por encima de todo, a quien se mata es a un candidato. Esto tiene un nombre especifico y se conoce con el nombre de magnicidio. El magnicidio tiene como finalidad mandar un mensaje de comunicación política al Estado y a la sociedad: nadie, ni si quiera el propio Estado, puede imponer reglas a las reglas de los criminales.
La prevención, y en su caso, la sanción del magnicidio, significa antes que nada una responsabilidad del Estado, además, y al decir de algunos autores, incluso puede considerarse como un delito de lesa humanidad, lo que llevaría a la posibilidad de investigaciones internacionales sin posibilidad alguna de prescripción.
Sea como fuere, es Estado Mexicano está obligado a adoptar medidas urgentes para evitar continúen estos delitos. Deben ser acciones contundentes tanto en la prevención como en la sanción. México no merece más sangre.
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