Por Sergio Mejía Cano
Pues este martes 10 del presente mes, la mayoría de los mexicanos nos despertamos con la noticia de que siempre sí el señor Jaime Rodríguez Calderón, más conocido en Nuevo León como "el bronco", aparecerá en la boleta electoral como candidato para la Presidencia de la República; y aún más: que existe la posibilidad que también corra con la misma suerte el señor Armando Ríos Piter.
Si bien se daba por un hecho el que ya le hubieran dado palo a Rodríguez Calderón, todavía persistía la esperanza tanto en el mismo bronco como en su equipo, y así fue, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló su candidatura con cuatro votos a favor por tres en contra.
Entre los comentarios de café, prevaleció la idea entre algunos comensales, que posiblemente algo tuvo que ver la reunión de varios entes políticos que se dieron cita en el festejo de celebración de los 70 años de edad del llamado jefe de jefes, Carlos Salinas de Gortari, porque después de este convivio se aprueba por parte del TEPJF la candidatura del gobernador neoleonés con licencia a pesar de haber sido ampliamente cuestionado por habérsele descubierto infinidad de firmas apócrifas y se dice, de haber algo turbio en las cuentas de gastos de precampaña.
Lo malo de esto, es que deja entrever la posibilidad de que el TEPJF no es tan autónomo como se dice, pues en gran parte de la opinión pública ha quedado sembrada la duda de esta supuesta autonomía, y que está supeditado este tribunal al Poder Ejecutivo por supuestamente acatar una orden para que haya más candidatos a la Presidencia de la República con el fin de diluir lo más que se pueda el voto popular aplicando aquello tan conocido de "divide y vencerás".
Y todavía peor, es el hecho de que el TEPJF puso en entredicho al Instituto Nacional Electoral (INE), por quitarle la candidatura al bronco por la supuesta falsedad de las firmas que presentó ante dicho instituto para validar su candidatura de acuerdo a lo establecido de tener que presentar un tanto por ciento del padrón electoral que aprobaba su candidatura presidencial.
Y no conforme con esto, el TEPJF le abre la puerta también a otro aspirante a ser candidato independiente: Armando Ríos Piter, quien después de recibir la luz verde, ahora hará la faramalla para demostrar que fue el INE el que estuvo mal al dejarlo fuera de la contienda electoral para aparecer después también en la susodicha boleta.
Y de acuerdo a la información en los medios, el INE, por medio de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, agacha los cuernos y acepta sin chistar la orden del TEPJF de que incluya en la boleta a Rodríguez Calderón y probablemente también lo haga con Ríos Piter en todo caso.
De hecho, el que los mexicanos tengan que recurrir a presentar firmas para que se tenga que avalar su candidatura a cualquier cargo de elección popular es aberrante, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo marca así, ya que en su esencia, su espíritu, señala claramente que para ser votado en algún puesto de elección popular basta con ser mexicano de nacimiento y tener pleno goce de sus derechos constitucionales.
En ninguna parte menciona la Carta Magna que quien aspire a un cargo de elección popular tenga que recurrir a un número determinado de firmas o que deba de pertenecer a algún partido político; para nada se menciona esto en nuestra Constitución Política, que se le haya acomodado a modo por parte del Legislativo, es precisamente para que no sean despojados del Poder así como así, es decir, por la voluntad popular.
Se dijo en su momento que esto se hacía así para blindar el hecho de que cientos o quizás miles de ciudadanos pretendieran ser todos candidatos y no habría presupuesto suficiente.
Y que en caso de que fuera candidato cualquier ciudadano, y no haber presupuesto, tendría que rascarse con sus propias uñas financiando su campaña y que de este modo, un ciudadano en estas circunstancia estaría expuesto a ser financiado por grupos del crimen organizado, y hasta tal vez una campaña tal se prestaría al lavado de dinero y que quién sabe qué; total, una sarta de pretextos con el fin de no aplicar la Carta Magna tal y como está estipulado: que "todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución"e.
Así de fácil. Así que si se le impide a un ciudadano ser candidato porque la Ley Electoral lo determina, esta ley electoral no puede estar por encima de la Constitución, porque se contradeciría a vistas claras.
Comentarios