Redacción/El Sol de Nayarit
Sábado, 27 de Junio del 2015. 12:23:15 pm
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Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 11 reptiles que iban a enviarse por una empresa de paquetería a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Michoacán.
La empresa FedEx denunció que los ejemplares de vida silvestre, algunos de ellos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con categoría de riesgo, fueron declarados como material médico.
El traslado de los animales fue impedido, tras la colaboración que la empresa FedEx mantiene con la Profepa para permitir la verificación de los paquetes y su contenido en su centro de distribución.
Las especies a las que pertenecen dichos reptiles tienen gran demanda por coleccionistas nacionales e incluso extranjeros, principalmente de Europa y Norteamérica, además de estar listados algunos en categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Mediante un comunicado, refirió que los animales rescatados fueron un cocodrilo de pantano, un camaleón de velo, dos serpientes falso coral, dos varanos, dos ranas de ojos rojos, una tortuga lagarto y dos tortugas tres lomos.
Especificó que en el primer paquete contenía el ejemplar de cocodrilo de pantano de la especie Crocodylus moreletti, con destino a la ciudad de Puebla.
En el segundo paquete estaban el camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus), una serpiente falso coral (Lampropeltis triangulum), una serpiente se leche (Panterophis guttata), dos ejemplares de varano (Varano niloticus) y dos ranas ojos rojos (Agalychnis dacnicolor), con destino a la ciudad de Oaxaca.
Mientras que en el tercer paquete, los inspectores de la Profepa encontraron a una tortuga lagarto (Chelydra serpentina), con destino a la ciudad de Morelos; y en el cuarto hallaron dos tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), con destino a la ciudad de Morelia.
Los ejemplares asegurados fueron canalizados de manera inmediata a un herpetario especializado para su cuidado y valoración médica.
La Profepa iniciará la investigación y aportación de elementos para la integración de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de un delito contra la biodiversidad que puede ser castigado hasta con nueve años de prisión.
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